Ficha 14: La evolución económica del terrismo

 

NAHUM, B. Manual de Historia del Uruguay. Tomo: 1903-2010. 

Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental.2017

"La política económica del terrismo debió desarrollarse entre las presiones derivadas de la crisis económica mundial y las ejercidas por las poderosas gremiales patronales reunidas en el Comité de Vigilancia Económica. Había que recompensarles el apoyo prestado al Golpe y atender situaciones (como la del agro) que comprometían al país entero; pero a la vez proteger a éste, y a su población, de las consecuencias sociales de la caída de las exportaciones y de la desvalorización de la moneda.

Estas circunstancias -a menudo contradictorias- imprimieron a la política económica un carácter pragmático, pero de aspecto vacilante, donde el apoyo de hoy a un sector se compensaba mañana con medidas opuestas favorables a otro. Así, se benefició primero a los ganaderos con rebaja de impuestos y consolidación de deudas; luego a los industriales, premiando la sustitución de importaciones; después al capital extranjero (bancos, acreedores), con la eliminación de monopolios estatales y arreglo de la deuda externa.

Lentamente se produjo una recuperación económica, que permitió un crecimiento del producto bruto interno de 9% entre 1930 y 1938. Pero que su distribución por habitante fuera 3% menor, revela que ese crecimiento benefició a los sectores sociales altos y que los bajos sufrieron una pérdida en sus niveles de ingreso. La desocupación, la política hostil del Gobierno hacia los sindicatos, la débil organización de éstos, son factores que explican la distribución regresiva del ingreso por cabeza en esta década.

Intervencionismo estatal

También en su intervención en el área económica, el Estado terrista tuvo actitudes contradictorias. Respondiendo al deseo de los grupos económicos (ganaderos, industriales, inversores extranjeros) que lo respaldaron, el régimen terrista pareció hostil a embarcar al Estado en áreas de interés para el sector privado. Así, fue notorio que la "Ley Baltar", nombre del diputado riverista que la presentó en 1936, al derogar la posibilidad que tenían las empresas estatales existentes de declarar nuevos monopolios, apuntó en primer término contra ANCAP, porque su Ley Orgánica establecía el monopolio de las importaciones de combustibles cuando sus refinerías produjeran la mitad de la nafta consumida en el país. La presión del trust mundial del petróleo, demasiado poderoso para una nación pequeña, obtuvo la imposición de ese freno, así como la firma de los contratos del 10 de enero de 1938, entre el organismo estatal y las filiales locales de la Standard  Oil y la Shell, por los cuales el país se veía obligado a renunciar al monopolio de la comercialización de combustibles dentro de fronteras. Por el contrario, en el campo de la energía hidroeléctrica Terra revitalizó su vieja defensa de una represa sobre el rio Negro. Es cierto que el tamaño de la obra excedía en mucho las posibilidades del capital local, y que éste pudo pensar que lo más conveniente a sus intereses era que el Estado asumiera los costos de proporcionar energía barata a la industria. Pero igual es destacable el tesón con que Terra empujó el proyecto (que empezó a llevar a cabo la empresa alemana Siemens en 1937), colocando en manos de la empresa estatal UTE el monopolio de hecho de la generación y distribución de la energía hidroeléctrica en el país

Un caso especial, quizás porque representaba mejor que ninguno la postura que según el terrismo debía asumir el Estado en el área económica, lo constituyó la fundación de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE). Buscando asegurar la producción, higiene y amplia distribución de un alimento de primera necesidad, y estimular a la vez a pequeños productores rurales, el Poder Ejecutivo presentó en 1935 un proyecto de ley que instituta la empresa Con capital proporcionado por el Estado se la instalaba, pero su dirección quedaba en manos de los productores remitentes de leche a usina, como cooperativistas. Esa mezcla de capital oficial y privado, donde el primero servía de soporte al segundo para luego apartarse, fue lo más característico de un sector político como el terrismo que, proviniendo del batllismo, no adopto su funco estatismo y defendió al capital privado.

Sin embargo, ni el Estado dejó de crecer ni su personal se hizo menos numeroso. Al contrario, las cifras de empleos presupuestados pasaron, según Henry Finch, de 30.100 funcionarios en 1924-25, a 33.000 en 1932 y a 39.400 en 1937. Ello permitió a Gustavo Gallinal afirmar: "La dictadura comenzó a practicar en gran escala la política del empleo público y el favoritismo se infiltró hasta la médula en la administración nacional, en los entes autónomos, en las administraciones municipales" (Uruguay hacia la dictadura, 1938, p. 260).

Comercio exterior

Una de las medidas más generalizadas de lucha contra la crisis económica mundial fue el contralor del comercio exterior y de los cambios (las divisas extranjeras con las que se adquiría afuera lo que el país necesitaba). Guiado por la política de "comprar a quien nos compre" (y nos pague, entonces, con divisas) el Estado acentuó un "dirigismo económico" que fijó cuotas de importación por países y por rubros y diverso valor en pesos uruguayos a las divisas que ingresaban por exportaciones del agro, de la industria o de los servicios. Cuando el Banco de la República fijaba un precio bajo (en pesos uruguayos) por los dólares que entraban por la venta de lana en el exterior, y a la vez fijaba un precio alto para vender esos dólares a los importadores, se producían al menos tres efectos: el Estado se quedaba con la diferencia de cotización entre la compra y la venta de las divisas (que él monopolizaba); los ganaderos protestaban porque el Estado les "quitaba" una parte (un tercio, quizás) del valor real del producto exportado; los importadores también protestaban porque debían disminuir sus compras en el exterior, ya que les resultaba caro en pesos cualquier articulo extranjero cotizado en dólares (o en libras esterlinas, o en francos).

El Estado lograba así recursos que suplían la caída de ingresos aduaneros; y disminuían las importaciones y se reducían los déficits de la balanza comercial y la de pagos, que debilitaban la firmeza del peso uruguayo. En octubre de 1934 se creó la Comisión Honoraria de Importación y Cambios para encargarse del contralor del comercio internacional. Tuvo una fuerte representación de gremiales patronales como la Cámara de Comercio, de Industrias, Asociación Rural, Federación Rural. La asignación de divisas o de un permiso de importación a cada persona que quisiera traer artículos del exterior, se prestó a favoritismos políticos y amistosos que nada tenían que ver con las conveniencias económicas nacionales. El Estado terrista pudo, asignando o no una cuota, darle vida o muerte a una empresa, a una industria, a una compañía extranjera.

La "cuotificación" se impuso por la escasez de divisas: si se vendía carne congelada a Inglaterra, el Banco de la República, que percibía las libras esterlinas por la operación, se las vendía, al precio que él fijaba, a los importadores que designara el Contralor (o a las empresas que se desgañitaban pidiendo "cuotas" de libras para enviar a Londres como dividendos de sus acciones; ferrocarril, tranvía, gas, etc.).

Así, al controlarse la importación, se cuidaba la balanza comercial y la de pagos, se defendía el peso uruguayo, se protegía a la industria nacional.

Este mecanismo se aplicaba, fundamentalmente, transfiriendo parte de la renta del agro, cuyos productos constituían el grueso de la exportación, a la industria, al comercio, los servicios o el Estado. Así se explica la presión y los reclamos de los ganaderos al Estado, y luego de los industriales, y después de los acreedores extranjeros: cada uno procuraba obtener el apoyo de quien podía decidir su suerte, otorgando un tipo de cambio favorable, o una cuota de importación, o un permiso de remesa de dividendos: el Estado.

Moneda

En una primera etapa, respondiendo al apoyo que los ganaderos le habían prestado al Golpe, el régimen trató de contemplarlos, otorgándoles una parte de las divisas obtenidas con sus exportaciones para que las vendieran en el mercado libre, a un precio notoriamente superior en pesos uruguayos ("cambio compensado") al "oficial" que les daba el Banco de la República.

Pero esa concesión tenía un límite: las necesidades del Estado para pagar el Presupuesto, la Deuda Externa o la deuda comercial que en el exterior mantenían los importadores, ya que sin algunos de esos artículos el país no podía funcionar (por ejemplo, combustibles).

Entonces al Ministro de Hacienda, Dr. César Charlone, se le ocurrió una solución al apremio del Estado que le valió en la época el apodo de Fu-Man-Chú, por alusión a un famoso mago chino contemporáneo: atribuirle mayor valor al oro depositado en el Banco de la República como respaldo de la moneda uruguaya (aprovechando la devaluación de las principales divisas: dólar, libra, franco), y emitir entonces más pesos con la misma cantidad de oro como encaje. Es la Ley de Revalúo de 1935, que permitió la emisión de casi 50 millones de pesos uruguayos adicionales sin modificar su respaldo oro legal. La mayor parte de la suma se dedicó a aliviar a los ganaderos: primas a la exportación, rebaja de contribución inmobiliaria, prórroga de deudas hipotecarias. Una cantidad mucho menor se destinó a educación y pensiones a la vejez. La ley creó también el Departamento de Emisión dentro del Banco de la República, encomendándole los asuntos relativos a la moneda nacional e integrándolo, como ya se dijo, con representantes de gremiales patronales del agro, industria y comercio, en un intento de hacer participar a las "fuerzas vivas" en la política monetaria del país.

En 1938, una segunda Ley de Revalúo completó el plan de Charlone, modificando ahora el respaldo oro establecido por la ley original de 1862: de g 1,556 de oro, el peso uruguayo pasó a tener g 0.585018 de respaldo, lo que significó una pérdida de valor (devaluación) de 62%. Otra vez se pudo emitir más con la misma cantidad de oro y esos pesos se emplearon para cubrir gastos del Estado, deudas y obras públicas.

Es claro que en ambas oportunidades, la mayor cantidad de dinero circulante provocó inflación, y el aumento del costo de vida perjudicó en primer lugar a los sectores de ingresos rígidos: asalariados, empleados, jubilados.

El crecimiento de la industria

En este periodo la industria creció notoriamente, estimulada por una política de sustitución de importaciones impuesta a muchos Estados latinoamericanos por la crisis económica mundial. Si esta había afectado tan profundamente como sabemos los canales del comercio internacional, una forma de protección que emplearon casi todos los países fue comprar del exterior lo menos posible para evitar la salida de divisas escasas por la reducción de sus exportaciones. Para no comprar determinados artículos afuera, había que producirlos dentro de fronteras se evitaba la salida de divisas, se estimulaba a la industria nacional, se creaban fuentes de trabajo, ingresaban nuevos fondos a las arcas fiscales por el cobro de impuestos a las nuevas fábricas.

El régimen terrista mantuvo algunas medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Administración en beneficio de la industria nacional (aranceles aduaneros, ley de etiqueta para productos nacionales) y prorrogó otras: en 1935, la ley de franquicias que eximia del pago de impuestos a la importación de maquinarias a las fábricas que se instalaran o ampliaran; las industrias nuevas gozarían de la exención del pago de patente de giro y contribución inmobiliaria por diez años. Antes se había creado una nueva forma comercial: la sociedad de responsabilidad limitada, que hizo posible el surgimiento de empresas medianas en capital y producción.

Además, la política de comercio exterior y de cambios producía variadas formas indirectas de protección a la industria nacional. El control de las importaciones y su descenso, estimulaba la aparición de sustitutos locales en un mercado que se sabía protegido; la desvalorización de la moneda encarecía el producto extranjero y casi obligaba a consumir el nacional; la fuerte desocupación en los rubros exportables más afectados, puso a disposición de los industriales una mano de obra abundante y, por ello, barata.

El crecimiento industrial está demostrado en las cifras relevadas por los censos de la década del treinta.

El valor agregado de la industria pasó de 75 millones de pesos en 1930 a 116 millones en 1938 (+55%).

La producción subió casi 54%, con mayor incidencia de las industrias llamadas dinámicas (caucho, metalúrgica, refinación de petróleo)-93%-que de las tradicionales (frigoríficos, textiles, curtiembres) con un 38%.

Consecuentemente, creció el número de obreros industriales: de 54 mil en 1930 a 66 mil en 1937 (22% más)

La tasa de crecimiento industrial osciló entre 3 y 4% anuales de 1931 a 1936, y llegó casi a 13% entre 1936 y 1938.

Aunque la actividad de la recién fundada ANCAP influyó notoriamente en estos guarismos igual resulta claro el crecimiento global de la industria nacional, sobre todo en el sector destinado a satisfacer el mercado interno, en pequeñas empresas que muchas veces superaban apenas el nivel artesanal. Ello alivió sólo parcialmente la dependencia del exterior, sin embargo, porque las nuevas industrias locales acrecieron la demanda de algunas materias primas, maquinarias y combustibles, todos los cuales provenían del exterior.

Estancamiento del agro

El Censo de 1930 revelaba que había menos vacunos y ovinos que en 1908: 7:1 contra 8:2, 20:5 contra 26:3. El retroceso se debía a factores antiguos de la estructura de producción pecuaria, latifundio, falta de praderas mejoradas, a los que se sumaban ahora los efectos de la crisis mundial: caída de volúmenes y de precios de los productos ganaderos, retracción de clientes principales (Inglaterra, por los convenios de Ottawa en 1932).

El régimen terrista intentó cambiar el panorama rural creando una Comisión de Mejoramiento Ovino y otra sobre Forrajes en 1935: a través de concursos y otros estímulos se quiso impulsar la mestización y la difusión de forrajeras. En un plano más concreto, el de los impuestos, se rebajó en 10% la contribución inmobiliaria rural; se consolidó su pago para los morosos a 10 años; se suspendió por 5 años la amortización de sus préstamos con el Banco Hipotecario; se rebajaron los intereses de tales préstamos. Fue la época -la primera etapa del régimen-más favorable al sector ganadero, que no pudo mantenerse porque los reclamos de otros sectores (industriales, inversores extranjeros) y las propias necesidades del Estado, lo obligaron a variar de orientación y aplicar una política cambiaria-como se vio- en desmedro de los ganaderos.

Por su parte, la actuación del reciente (1928) Frigorífico Nacional no pudo desarrollarse como se quería. Como ya sabemos, su escasa capacidad de producción estaba determinada por una débil asignación de bodegas, lo que recortaba su potencial de comercialización. El trust norteamericano, propietario de los otros tres frigoríficos "uruguayos", seguía marcando modalidad, fijando precios a los ganaderos, distribuyendo bodegas y reservándose los mercados de consumo.

El régimen terrista intentó abrir nuevos mercados de consumo entrando en la modalidad de trueque, que impusieron en la década países sin divisas como Alemania e Italia.

Incluso se sometió a las condiciones que quiso imponerle Inglaterra, en los resquicios que dejaba el acuerdo de ésta con sus dominios ganaderos en Ottawa (Convenio Cosio-Hoare de 1935).

Nada modificó la situación de deterioro del agro, pudiéndose anotar sólo que los censos revelaron la completa mestización del stock bovino en estos años, terminando un largo recorrido que se había iniciado décadas atrás.

Política social

Se dijo que la crisis económica afectó a las clases populares por la falta de trabajo y la caída del salario.

El terrismo utilizó diversas medidas para enfrentar la situación social preocupante que tales hechos acarreaban.

La más corriente era construir obras públicas para absorber desocupados: el régimen invirtió 30 millones de pesos entre 1935 y 1937 en ellas, incluyendo la gran represa de Rincón del Bonete. El Estado actuó también como empleador, aumentando significativamente la burocracia estatal: ya conocemos estimaciones que hablan de 33.000 funcionarios en 1932 y de casi 40.000 en 1937.

Otro tipo de medida como las ya establecidas por el criticado Consejo Nacional de Administración fijación de precios de artículos de primera necesidad, subsidios a la carne, rebaja de alquileres (10%). Para enfrentar problemas graves de alimentación, se establecieron comedores populares y luego un Instituto de Alimentación Científica de Pueblo (1937), que proporcionaba comidas baratas o gratuitas.

El mismo año se creó el Instituto Nacional de Viviendas Económicas para aliviar el problema de la vivienda a sectores populares mediante venta o arrendamiento.

Con el argumento de que el ingreso de extranjeros agravaba la desocupación, el Gobierno restringió la inmigración, no disimulando su intención de impedir el ingreso de "agitadores" sociales y de centroeuropeos, matiz político y racial, respectivamente proveniente de algunos círculos de gobierno con simpatías fascistas A estos últimos se debe también la elaboración del Código Penal de 1934, que contenía llamativas coincidencias con el contemporáneo de la Italia fascista

El Estado terrista unificó el sistema jubilatorio y pensionario creando en 1934 la Caja de Jubilaciones de la Industria Comercio y Servicios Públicos. Se amparó a trabajadores industriales y del comercio que no tenían derecho a jubilación, se lo extendió a los patrones se redujo el aporte patronal del 9 al 6% y se mantuvo el de los empleados en 5% El objetivo fue racionalizar el sistema eliminando abusos, pero en 5 años se registraron más de veinte mil nuevas jubilaciones.

En el  campo de la legislación laboral, no se produjeron notorios avances Se implantó la licencia paga de dos semanas, pero se eliminaron, a la vez, diecisiete feriados. Se intentó reglamentar el derecho de huelga tanto por temor a los "agitadores profesionales" como por admiración a la "disciplina impuesta en el sector del trabajo por los fascismos de la década.

El Código del Niño (1934) prohibió el trabajo a menores entre 12 y 14 años y estableció que en la licencia por maternidad se abonara la mitad del salario de la trabajadora. La actividad sindical fue irregular a la división en tres centrales del movimiento obrero se agregaba la política represiva del régimen, la caída del salario, el aumento de la desocupación Fueron años duros para los obreros, porque el terrismo se comprometió con los gremios patronales, porque la crisis de la época golpeaba a los salarios y a la ocupación, porque la ideología del régimen estaba más cerca de "Roma" (fascistas) que de "Moscú" (comunistas)

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