Ficha 5.3: A.R.U. - Batlle - Industrias
“La base social
de aquel proyecto de perfiles capitalistas, como han señalado Barrán y Nahum
en su Historia Rural del Uruguay moderno, estuvo dada por la Asociación Rural,... Esta institución se fundó en octubre de 1871,
nucleando en su seno a esa nueva clase de estancieros empresarios que emergía
por entonces en el país, en especial de origen inmigrante y que tenía sus
tierras radicadas en su franja geográfica del litoral y del sur. Enfrentados a
los viejos "estancieros caudillos", soporte social y político del Uruguay
comercial, pastoril y caudillesco, estos nuevos estancieros, portadores en los
hechos de una ideología burguesa y capitalista, constituyeron la punta de lanza
del primer proyecto modernizador del país. La Asociación Rural y su revista
oficial fueron en efecto los vehículos difusores de las nuevas ideas, que
afirmaban la necesidad de un Estado garante del orden y la propiedad privada,
del alambramiento de los campos, del mejoramiento del ganado a través del
mestizaje con reproductores europeos, de la legitimidad del lucro individual y
del rendimiento expandido como motores de la nueva economía y de la sociedad
moderna que nacía. Domingo Ordoñana (1829-1897) fue a la vez símbolo e
ideólogo de todas estas transformaciones. Vasco de nacimiento, llegado a
Montevideo en 1842, hacendado y ruralista fervoroso, fue un incansable defensor
de este proyecto de modernización capitalista agropecuaria. autor de varios
libros y de innumerables artículos sobre el tema, casi siempre publicados en la
Revista de la Asociación Rural.
En su discurso
inaugural como primer presidente de la institución. Ordoñana marcó con visión
anticipatoria la estrecha alianza que habría de concretarse en el país entre el
ruralismo y el liberalismo individualista o conservador, como binomio
fundamental, “...somos ramas del árbol rural, cuyo tronco plantamos aquí,
pero cuyas raíces capilarizándose por la campaña, tienen que llevar y traer la
savia que lo ha de hacer fructificar (...) Es pues la asociación el medio de
crear grandes fuerzas, y nosotros que hemos apelado a ella para venir
privativamente hasta este punto, imitamos lo que se practica en Inglaterra y
otros países en que las asociaciones de nuestro orden se adelantan los
Gobiernos, para estudiar, para indicar el camino de las reformas porque,
señores, en la promoción de los intereses materiales, no hay Gobierno que deje
de abrazar con efusión cualquier proyecto, cualquier idea basada, que tienda a
desarrollar la riqueza pública por el seguro camino del bienestar individual”.
Pero no habría
de pasar mucho tiempo para que estas visiones tan compactas fueran respondidas
con fuerza. El modelo agroexportador y su perfil inherente de “desarrollo
hacia afuera”, comenzó a ser contestado por quienes advertían los costos
para un país pequeño de una inserción económica internacional que pasara casi
exclusivamente por la exportación de bienes primarios del medio rural. “Tenemos
un país en que la luz es extranjera y privilegiada en forma de Compañía de Gas;
en que el agua se halla en las mismas condiciones, en forma de Empresa de Aguas
Corrientes; en que la locomoción representada por tranvías, ferrocarriles,
vapores, es también extranjera, etc. ¿A qué continuar? Todo es extranjero y
privilegiado o tiende a serlo. Y de esa manera, si en el régimen político hemos
destruido el sistema colonial, no lo hemos destruido en la industria, en el
comercio. (...) El hecho es que una inmensa parte de las riquezas del país se
van (...). Los productores de esas riquezas trabajan en el país, pero no para
el país ni para los habitantes del país. Sus industrias son como esas
pesquerías que se establecen en las costas de las islas desiertas. Cargan todo
lo que pueden y levan anclas”.
Así exponía sus
opiniones un treintañero José Batlle y Ordóñez en el diario El Día el 9 de
diciembre de 1891, bajo el seudónimo de Néstor." Desde claves similares
también empezaba a pensar por entonces un grupo importante de las elites políticas
uruguayas, que comenzaba a abandonar los viejos postulados del liberalismo
radical, de perfiles ruralistas y conservadores, para proponer -en una suerte
de anticipación reformista- un modelo de orientaciones más intervencionistas e
industrializadoras, incluso, poco a poco abierto a una asunción más plena de la
cuestión social emergente. En realidad, la industria contaba ya con cierto
desarrollo y también con la presencia de actores sociales como la Liga Industrial,
fundada en agosto de 1879, como representante de sus intereses corporativos.
Además, el Estado se había venido inclinando hacia el proteccionismo con la ley
de Aduanas del 22 de octubre de 1875 (obra del ministro de Hacienda Andrés
Lamas) y con la ley del 15 de julio de 1886.
El siguiente
paso en esta dirección fue la sanción de la ley de Aduanas del 5 de enero de
1888, Impulsada por los políticos civilistas, la incipiente burguesía
industrial e incluso con apoyos de la clase alta rural, a cambio de concesiones
en términos de rebajas impositivas. La ley fue sin embargo duramente
cuestionada por los representantes del alto comercio, a cuyos integrantes
perjudicaba en sus negocios en la importación de artículos manufacturados. Como
se decía en el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Representantes: “...no podrá citársenos una sola nación que haya
adquirido importancia estable sin desarrollar, sostener y multiplicar sus
industrias. (...) Y mientras no tengamos más que materias primas como producción
nacional para adquirir con ellas los productos manufacturados que se nos
traigan, seremos por el hecho, una especie de factoría extranjera. La
constitución de una nacionalidad y de una independencia económica están en el
poder industrial propios”.
Los impactos de
la crisis económica y financiera de 1890 ampliarían los espacios para voces y
definiciones similares. En el seno de las elites políticas. algunos de los
principios centrales del “liberalismo conservador” emergente comenzaron a tener
cada vez más impugnadores. En particular tres ideas eran las más desafiadas: la
bendición automática al rol civilizador del capital extranjero, la noción de un
Estado mínimo, solo juez y gendarme, ajeno al cumplimiento de roles en la
economía y en la sociedad, la perspectiva de una independencia nacional
consolidada sin el complemento de algún tipo de nacionalismo económico”.
CAETANO, Gerardo.
El liberalismo conservador. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental,
2021, pp. 49-51
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