Ficha 5. Militarismo: Latorre

 

Los objetivos de Latorre

“… el régimen latorrista nació para asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, tarea para la cual el principismo no tenía respuestas. Desde su primer día de gobierno, Latorre y quienes constituían su base de sustentación, atacaron dos objetivos: (a) el logro de la paz interna y el orden (en la campaña, sobre todo); (b) la afirmación del derecho de propiedad privada.

a) La paz interior y la unidad del país: los instrumentos

Las disposiciones de la Constitución de 1830 sobre unidad del Estado y atribuciones del poder central no habían tenido hasta entonces aplicación real. La regionalización del país era mucho más verdadera que la unidad jurídicamente consagrada. En el mejor de los casos, la autoridad del gobierno se ejercía a través de los caudillos regionales (*). La célebre frase de un caudillo regional reprimido por el gobierno: "¡El gobierno se nos ha sublevado!", es, en su aparente absurdo, la mejor síntesis de aquella realidad.

Los sectores sociales dominantes intuyeron que el fortalecimiento de la autoridad del Estado era el precio a pagar para el logro de un proceso de estímulo a la economía. Había que empezar por modernizar el aparato técnico del Estado y eliminar las barreras -así fueran normas jurídicas vigentes- que perturbaran el pleno ejercicio de aquella autoridad.

A poco de asumir el poder, Latorre ordenó que varios cuerpos del ejército se distribuyeran por la campaña en apoyo de la policía. Estaba dispuesto a cortar de raíz el imperio del abigeo (hurto de ganado) y el "matrerismo". Estableció, además, que los límites de un departamento ya no serían fronteras que impidieran a la policía del mismo la persecución de delincuentes. Así era hasta entonces; otra tajante demostración de la regionalización del país.

El ejército que movilizó Latorre contó con el nuevo fusil "Remington", monopolizado por el Estado (decreto de mayo de 1876). El arma reunía dos cualidades básicas -mayor alcance y rapidez de tiro-, que desequilibraban la balanza de los enfrentamientos. Por su costo, además, estaba en general fuera del alcance de los particulares. El régimen latorrista utilizó los nuevos medios de comunicación y transporte con un claro sentido político, más que con propósitos económicos.

Todas las capitales departamentales quedaron comunicadas por medio del telégrafo, operado por empresas particulares. El gobierno planeó un sistema propio para poner en contacto las comisarías de cada departamento con la jefatura correspondiente y a las jefaturas con Montevideo, pero el elevado costo sepultó el proyecto. Latorre utilizó intensamente el telégrafo, importantísimo para el control y ejercicio de la autoridad sobre el país.

Papel similar debía cumplir el ferrocarril, pero su avance era muy lento. Para 1880 el Ferrocarril Central llegaba a Durazno (210 kms.), cruzando el río Yi sobre un puente de más de seiscientos metros. Un ramal anexo unía 25 de agosto con San José.

A mediados de 1877 fueron estatizadas las sucursales de correos, que funcionaban hasta entonces en manos de particulares y de manera bastante deficiente, creándose la Dirección y Administración General de Correos, Nació así un servicio de estructura nacional.

La administración de justicia, servicio típicamente estatal, fue tecnificada. Los alcaldes ordinarios, principales magistrados a nivel departamental, fueron sustituidos gradualmente por Jueces Letrados Departamentales. Varios Códigos dieron envoltura jurídica a la nueva realidad de un poder estatal que se quería más eficaz y expeditivo: Código de Procedimiento Civil (obra de Joaquín Requena) y Código de Instrucción Criminal (de Laudelino Vázquez), ambos de 1878. El Código Rural, cuya vigencia antecedió en dos meses al gobierno de Latorre, fue aplicado efectivamente por éste, como veremos. Experimentó reformas de importancia en 1879.

A partir de 1879, con la creación del Registro del Estado Civil, el Estado controló nacimientos, defunciones, matrimonios, legitimaciones y reconocimientos, sustituyendo a la autoridad eclesiástica.

 

b) La afirmación del derecho de propiedad privada: los instrumentos

El proceso de racionalización de la producción, tendiente a una mayor productividad del sector agropecuario, exigía, en las coordenadas del régimen, la afirmación del derecho de propiedad privada. La Constitución del 30 lo definía como sagrado e inviolable, mientras que el Código Civil -tomando el concepto del derecho francés- precisaba: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la Ley o contra derecho ajeno".

Pero así como la autoridad del Estado había sido muy débil hasta entonces, también el derecho de propiedad había resultado poco efectivo. El método de la denuncia, los vaivenes de las guerras civiles, las donaciones, los despojos lisos y llanos, llenan muchos capítulos de la historia nacional. Mientras los poseedores de la tierra estuvieron en condiciones de aumentar sus campos, poco o nada se preocuparon de estabilizar el derecho de propiedad. Pero ahora era distinto. El proceso de apropiación había llegado a su fin (ni las tierras fiscales se salvaban) y era preciso legitimarlo. En otras palabras, convertir en propiedad de derecho lo que hasta entonces era en muchos casos pro- piedad de hecho, valga la licencia. El sector más evolucionado del medio rural quería racionalizar sus explotaciones, lo cual exigía inversiones elevadas. Había que asegurar el pleno goce de la propiedad. Varios mecanismos fueron utilizados:

El alambramiento

El proceso de cerramiento de los campos utilizando alambrados había comenzado en 1872. Pero a partir de 1876 adquirió un ritmo vertiginoso. Liberados de impuestos aduaneros, alambre y postes de ñandubay ingresaron en elevadas cantidades:

CUADRO N° 1

Año	Alambre en miles de kilos
1877	6646
1878	6675
1879	10290
1880	14127

 

El alambramiento perseguía fines bien concretos:

·         Delimitar con exactitud la propiedad y asegurarla;

·         Permitir una explotación más racional del ganado (potreros, mestización);

·         Impedir la utilización del campo por ganados de los llamados "ganaderos de nombre", es decir aquellos que siendo dueños de ganado carecían de campo propio para sostenerlo.

Mientras que en su versión originaria el Código Rural no establecía la obligatoriedad del cerramiento, la revisión de 1879 la introdujo indirectamente al establecer la medianería forzosa: el estanciero que alambraba su campo tenía derecho a exigir la mitad del precio a sus linderos. Por su parte, y era otra forma de presión, la Ley de Contribución Directa (Inmobiliaria, se llamaría más adelante) gravaba más rigurosamente a los campos sin alambrado.

Código Rural

Fue otra pieza maestra del nuevo ordenamiento que se deseaba imponer en la campaña. Redactado por la Asociación Rural (y aprobado sin discusión) entró en vigencia el 17 de enero de 1876 pero fue con Latorre que se efectivizó.

En lo esencial, el Código procuraba: asegurar la propiedad sobre la tierra (deslinde, amojonamiento, titulo perfecto, facilidades para el cerramiento) y sobre el ganado (marcas y señales; guías exigibles a comerciantes en ganado; fuerte castigo para el delito de abigeo), así como asegurar el orden, legislando sobre policía (admitiéndose incluso policía privada), pulperías, peones, etc.

Tres años de experiencia revelaron insuficiencias del Código, a la luz de los objetivos perseguidos. Fue modificado en 1879 en dos puntos importantes: se introdujo de hecho la medianería forzosa, y se estableció la pena de prisión para todos los responsables del abigeo, eliminándose la posibilidad de liberarse mediante pago de una multa, lo cual beneficiaba a los más pudientes.

 Registros

Complemento indispensable de las disposiciones del Código Rural fueron los registros, destinados a afianzar la seguridad de la propie- dad. Así surgieron: 1) Registros de Propiedades Departamentales y Seccionales (1878), y 2) Oficina General de Marcas y Señales de ganado (1877). Los primeros permitieron a muchos estancieros consagrar su derecho de propiedad sobre campos hasta entonces en litigio.

Policía

A su reforzamiento, ya referido, hay que añadir que el gobierno permitió y estimuló el uso discrecional de la fuerza, entendiendo que el objetivo de la protección del derecho de propiedad y la paz rural justificaba los excesos. Los voceros gubernamentales (caso del ministro de Gobierno José Ma. Montero) fueron explícitos:

"El gobierno Provisional no trepido ante la presencia de tanta relajación moral. La persecución al criminal ya todo hombre vicioso y perjudicial por sus malos hábitos, se comenzó sin tregua ni consideraciones”.

La base social del régimen

Latorre fue el personero de las llamadas fuerzas vivas o clases conservadoras del país. La esterilidad de los recientes gobiernos les confirmó la necesidad de un gobierno fuerte, de un verdadero Poder Ejecutivo, desembarazado de trabas institucionales.

Esos sectores son fácilmente distinguibles:

- En el medio rural, la década del 70 muestra la pujante presencia de una verdadera nueva clase de estancieros, producto fundamentalmente de la inmigración. Abundaban en ella los apellidos ingleses y franceses, muy unidos al triunfo del ovino. Este sector prevaleció en el Litoral del rio Uruguay, la zona relativamente más desarrollada de la campaña. Verdadera élite rural, se había aglutinado desde 1871 en la Asociación Rural y a través de la revista de la Asociación, de artículos periodísticos, conferencias y de la propia demostración práctica, propagaba la necesidad de ajustar la producción agropecuaria a los cánones modernos. El nuevo concepto de la estancia como empresa había sido introducido por ellos. Sin esta nueva clase alta rural, afirman Barrán y Nahum, "la nación se hubiera estancado". Domingo Ordoñana, un español afincado en el Uruguay desde 1840, era el lúcido líder del sector.  La Asociación Rural fue un pilar básico del latorrismo, comprometiéndose con él de manera completa. Latorre la consultó, en materia rural, hasta en cuestiones de tipo menor. En la práctica fue un organismo semi oficial.

- Pero el grupo mayoritario lo formaban los estancieros tradicionalistas, cómodamente apegados a la producción rutinaria. Por su bajísimo costo, ésta aseguraba suficientes ganancias. En buena proporción eran brasileños o de ascendencia brasileña y dominaban en las zonas norte, centro y este. Si bien no estaban interesados por los cambios en la explotación ganadera, compartían con el sector progresista las aspiraciones a la paz y el orden.

-Factor importante en el ascenso de Latorre al poder, y sostén de su gobierno fue el sector del gran comercio montevideano. Monopolizaba el oro, merced a su dominio del comercio exterior, siendo, por consecuencia, enemigo declarado del papel moneda. Es significativo que el Juez de Comercio Juan A. Vásquez, que había librado batalla contra el curso forzoso, fuera el gestor visible del movimiento de apoyo a Latorre y se convirtiera en uno de sus ministros. También este sector estaba liderado por una nueva clase, producto de la inmigración. En ella aparecen claros rasgos de la mentalidad capitalista. Se agrupaba en torno al Centro Comercial y a la Bolsa de Comercio, siendo el Banco Comercial y el Banco de Londres dos de sus reductos importantes.

La élite rural y el gran comercio constituían típicos grupos de presión. Arquitectos del nuevo régimen, van a ser, naturalmente, sus principales beneficiarios.

El papel del ejército

El ejército había experimentado en la década pasada una transformación indudable, por más que puedan discutirse sus alcances. La guerra del Paraguay (1865-70), el levantamiento de Timoteo Aparicio (1870-72) y la "Revolución Tricolor" (1875) determinaron que: aumentara sus efectivos; mejorara su nivel profesional; fuera dotado de mejor armamento; adquiriera conciencia de su potencial político. El ejército era otro grupo de presión, particularizado por la posesión del poder coactivo. La crisis de 1875 le dio oportunidad de llenar el vacío de poder que surgió. En el período latorrista actuó con autonomía de las banderías tradicionales, pero tampoco persiguió objetivos propios. Fue, en definitiva, instrumento de la instauración de un cierto concepto de orden que ansiaban determinados sectores. Sobre esas bases, fuerzas vivas y ejército, operó el gobierno de Latorre”.

MENDEZ VIVES, E. El Uruguay de la Modernización 1876-1904. Historia Uruguaya Tomo 5.

Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1980. Págs. 10-15